Por más surrealista que suene, el pasado 3 de noviembre, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México. Sí, así como lo leés: dos países con más de 200 años de relaciones bilaterales —con sus idas, venidas y diplomacias a medio tono— ahora están oficialmente distanciados. Pero ¿cómo se llegó a este punto? ¿Y qué significa realmente esta ruptura?
Antes de lanzarnos al drama diplomático, un poco de contexto. El 7 de diciembre de 2022 (ya casi tres años atrás), el entonces presidente peruano Pedro Castillo apareció en cadena nacional y anunció una serie de medidas abiertamente inconstitucionales: la disolución del Congreso de la República, el establecimiento de un “gobierno de excepción” y la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Lo hizo sin el apoyo del Ejército, la Policía ni de su propio gabinete, cuyos miembros comenzaron a renunciar en masa minutos después del anuncio.
Castillo, con apenas año y medio en el poder, estaba políticamente acorralado: su partido era minoría en el Congreso, la oposición lo superaba ampliamente, había cambiado de gabinete cinco veces y enfrentaba tres intentos de destitución por “incapacidad moral permanente”, además de múltiples acusaciones por corrupción y nepotismo.
Sintiendo que el Congreso era un enemigo dispuesto a devorarlo, Castillo hizo lo que hacen muchos mandatarios desesperados: trató de morder primero. Dio su manotazo de ahogado, como quien diría, y ejecutó un autogolpe de Estado en vivo y en directo. El resultado fue tan predecible como catastrófico: el Congreso ignoró su disolución, lo destituyó de inmediato, y su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia ese mismo día.
Castillo intentó pedir asilo en la embajada de México, pero la Policía Nacional del Perú lo detuvo antes de llegar. Hoy se encuentra encerrado en el penal de Barbadillo, procesado por rebelión y conspiración.
Pero esta telenovela política no termina ahí. Entra en escena Betssy Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno de Castillo y ahora es investigada por presunta rebelión y conspiración contra el Estado, acusada de haber sido su cómplice en el autogolpe. Ella, por supuesto, niega todo.
El 20 de junio de 2023, el juez César San Martín ordenó 18 meses de prisión preventiva en su contra. Chávez asistió a sus audiencias defendiendo su inocencia hasta que, en septiembre de este año, fue liberada para continuar el proceso en libertad. Sin embargo, su paradero se volvió un misterio… hasta el 2 de noviembre, cuando la embajada de México en Lima recibió su solicitud formal de asilo político. Y apenas un día después, el 3 de noviembre, México anunció oficialmente que se lo concedía.
La justificación mexicana se ampara en la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático, un tratado firmado por ambos países. Esta convención permite conceder asilo a perseguidos políticos, pero deja claro que no aplica a delitos comunes. Según la defensa de Chávez, ella es una víctima de persecución política, razón por la cual México le abrió sus puertas (metafóricamente, claro, porque sigue en Lima).
Perú, por su parte, no compra esa historia. Considera que Chávez no es una perseguida política, sino una prófuga de la justicia, y se niega a otorgarle el salvoconducto que necesitaría para salir del país. Así, mientras México la protege invocando el derecho internacional, Perú la retiene apelando a la soberanía judicial.
El resultado: una crisis diplomática en toda regla. El canciller peruano Hugo de Zela confirmó la noticia del asilo, y horas más tarde el gobierno peruano anunció la ruptura total de relaciones con México.
México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó la medida de “decisión unilateral” y defendió su postura asegurando que el asilo está respaldado por el derecho internacional y los derechos humanos de Chávez, que —según insinuó— estarían siendo vulnerados en Perú.
Mientras tanto, Castillo, desde su celda en Barbadillo, celebró la decisión mexicana, exigiendo que se otorgue el salvoconducto a su “compañera de lucha” y denunciando al actual gobierno como un “régimen” (la ironía no se le escapa a nadie).
Ahora bien, ¿es el asilo diplomático a Betssy Chávez el verdadero motivo del quiebre? ¿O solo la gota que rebalsó un vaso que ya venía colmándose?
La bronca entre México y Perú se arrastra desde la crisis de 2022. En aquel momento, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó abiertamente a Castillo, llamándolo “el presidente legal y legítimo del Perú”. Aquello le costó ser declarado persona non grata por el Congreso peruano en 2023, un “honor” que acaba de heredar Claudia Sheinbaum, su sucesora.
A día de hoy, Betssy Chávez no puede salir de Perú. Para hacerlo, necesita un salvoconducto que el Congreso jamás va a concederle mientras siga procesada. Así, Chávez vive en un limbo jurídico, siendo víctima y victimaria a la vez, dependiendo de quién narre la historia.
Por ahora, la ruptura diplomática no ha afectado otros frentes, como el comercio o los servicios consulares, aunque nadie descarta que la tensión escale si ambos gobiernos siguen midiéndose el pulso, lo cuál sería contraproducente para cualquiera de las dos partes, siendo ambos miembros de la Alianza del Pacífico; no obstante, ya hay quienes afirman que una ruptura comercial sería «marginal», al menos para el lado mexicano.
¿En qué terminará todo esto? Difícil saberlo. Pero lo cierto es que ver a dos países latinoamericanos romper relaciones por una ex primera ministra refugiada es, como mínimo, tragicómico.
¿Es México un indeseable que se mete donde no lo llaman, un actor que se cree el defensor de la democracia ajena? ¿O es el noble paladín de los derechos humanos que simplemente aplica la ley internacional?
El tiempo dirá. Mientras tanto, mejor seguir el capítulo siguiente con unas palomitas a mano —porque en esta novela diplomática, los créditos están lejos de rodar.
