En la madrugada del 3 de enero de 2026, sobre los cielos de Caracas, se llevó a cabo una operación militar especial encabezada por Estados Unidos. El objetivo fue claro: capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se había mantenido en el poder tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por su falta de transparencia, en un contexto marcado por años de crisis económica y violencia política. Lo que no lograron las urnas ni los veedores internacionales, terminó concretándolo la superpotencia del Norte. La operación se enmarca en la lucha contra el narcoterrorismo en la región, particularmente contra el denominado “Cártel de los Soles”, organización de la que Maduro es acusado de ser uno de sus principales cabecillas y cuya existencia fue el argumento central para justificar su arresto. En este artículo no nos detendremos en los detalles de la operación militar ni en el futuro inmediato de Venezuela. Figuras clave del chavismo, como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López, continúan ocupando espacios de poder, lo que abre múltiples interrogantes aún sin respuesta. Sin embargo, tanto la intervención militar como el posterior discurso de Donald Trump dejaron un mensaje tan contundente como inquietante, que merece ser analizado en profundidad: Estados Unidos puede hacer lo que quiera en la región.
Luego de varias horas de expectativa tras la captura de Nicolás Maduro celebrada por algunos y condenada por otros a nivel internacional el presidente Donald Trump ofreció una rueda de prensa desde su residencia vacacional en Mar-a-Lago, Florida. El anuncio se había realizado desde temprano, lo que alimentó las especulaciones sobre los detalles de la operación militar, el paradero del mandatario venezolano y el futuro inmediato del régimen.La conferencia dejó varias sorpresas, especialmente para quienes esperaban un respaldo explícito a María Corina Machado y Edmundo Urrutia, o un mensaje centrado exclusivamente en la transición política venezolana. En cambio, Trump optó por un discurso más amplio, en el que combinó silencios estratégicos con advertencias ,algunas veladas, otras directas, hacia otros regímenes de la región, acusados de colaborar con el narcotráfico o de sostener dictaduras de inspiración comunista.
Uno de los aspectos más relevantes fue la serie de amenazas, sutiles y no tanto, dirigidas a los países que se alinearon con Maduro durante los meses previos, mientras Estados Unidos desplegaba operaciones navales en el Caribe venezolano. A su izquierda, la figura de Marco Rubio ,secretario de Estado, férreo opositor del régimen castrista y enemigo histórico del gobierno cubano, reforzó el mensaje. Trump afirmó sin rodeos que una operación similar a la de Caracas podría repetirse en Cuba. Bajo el argumento de “ayudar al pueblo cubano”, se dejó abierta la posibilidad de un bloqueo naval y una eventual operación de extracción de Miguel Díaz-Canel. No es un secreto que el objetivo político final de Rubio, hoy uno de los nombres con mayor proyección para suceder a Trump, es la caída del régimen castrista. En su caso, la motivación ya no es únicamente geopolítica o estratégica, sino también personal: Rubio proviene de una familia cubana marcada por el exilio. Sin embargo, el escenario cubano difiere del venezolano. Díaz-Canel no posee vínculos comprobados con el narcotráfico ni enfrenta una orden de captura internacional, lo que haría cualquier intento de detención mucho menos legítimo ante la comunidad internacional.
Otro mandatario que debería encender señales de alarma es el presidente colombiano Gustavo Petro, quien se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de las operaciones estadounidenses en la región. Trump afirmó recientemente que posee información según la cual el gobierno colombiano colabora o, al menos, hace la vista gorda, con redes de narcotráfico y narcoguerrilla que operan en el Caribe, el Pacífico y las rutas terrestres hacia Centroamérica y Venezuela.Si bien Petro atraviesa una rápida pérdida de popularidad, la cercanía de las elecciones presidenciales vuelve poco probable una operación directa en un país que aún mantiene instituciones democráticas, por más cuestionable que sea la firmeza del actual gobierno frente al narcotráfico. A corto plazo, lo más probable es que Estados Unidos se limite a la presión discursiva y, eventualmente, a ataques contra narcolanchas en aguas internacionales. Sin embargo, las amenazas están sobre la mesa: una eventual deriva autoritaria, una crisis institucional o incluso una victoria del petrismo podrían colocar a Colombia en la mira.
Con México, en cambio, Trump adoptó un tono distinto. Si bien no cayó bien la condena de Claudia Sheinbaum a la operación en Venezuela, el presidente estadounidense sabe que no puede permitirse una confrontación directa con su principal socio comercial en la región. Optó entonces por el ninguneo. Declaró sin rodeos que México no está gobernado por su presidenta, sino por los cárteles de la droga, deslegitimando así cualquier crítica proveniente de un gobierno que considera meramente testimonial.
En palabras del propio presidente Donald Trump, “nadie podrá cuestionar la hegemonía de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental”. La frase no fue casual ni improvisada: funcionó como una declaración doctrinaria. El mensaje es claro, directo y difícil de tergiversar. La intervención en Venezuela ya no se disfraza bajo eufemismos humanitarios ni se ampara en la retórica de la defensa de la democracia. Estados Unidos dejó de fingir. Actuó y habló desde una lógica de poder puro.
La operación militar en Venezuela responde, al menos, a tres objetivos estratégicos centrales. El primero es la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que impacta de lleno en la seguridad interna estadounidense y que, según Washington, tiene en el régimen chavista a uno de sus principales facilitadores. La narrativa del “narcoestado” venezolano no es nueva, pero por primera vez fue utilizada como justificación directa para una acción militar de esta magnitud.
El segundo objetivo es geopolítico y quizás aún más relevante: expulsar del llamado “patio trasero” estadounidense a regímenes alineados con potencias rivales como China, Rusia e Irán. Venezuela se había convertido en un enclave estratégico para estos actores, no solo en términos simbólicos sino también militares, tecnológicos y financieros. Permitir la consolidación de esa presencia en el Caribe equivalía, para Washington, a aceptar una pérdida de control en una región históricamente considerada como su área natural de influencia. La operación, en ese sentido, funciona como una advertencia regional: la proyección de poder de actores extrahemisféricos tiene límites muy concretos.
El tercer objetivo es económico y estructural: garantizar el acceso a recursos naturales estratégicos. Venezuela no solo posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, sino también importantes recursos minerales aún subexplotados. En un contexto global de transición energética, competencia por materias primas y reconfiguración de cadenas de suministro, asegurar influencia sobre estos recursos no es un detalle menor, sino una prioridad de largo plazo.
Como “cereza del postre”, tal como lo dejó entrever el propio Trump, una eventual normalización venezolana que incentive el retorno ,aunque sea parcial, de inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos sería un beneficio adicional. Menos presión migratoria, menos gasto social y un triunfo político interno para una administración que ha hecho del control migratorio uno de sus ejes discursivos centrales.
Con todo esto, Estados Unidos deja algo en claro: no solo conserva la capacidad material para intervenir en la región, sino que además posee la autonomía política y la voluntad de hacerlo. Ya no se trata de sanciones, comunicados diplomáticos o reconocimientos simbólicos a gobiernos paralelos. Se trata de acción directa. Cualquier régimen percibido como hostil a los intereses estadounidenses queda, al menos potencialmente, bajo amenaza. Desde una mirada algo más optimista esta demostración de fuerza podría funcionar como un elemento disuasivo. Tal vez los gobiernos latinoamericanos se lo piensen dos veces antes de avanzar hacia esquemas abiertamente autoritarios o alineamientos estratégicos que desafíen frontalmente a Washington. La amenaza de ser depuestos ya no es una hipótesis abstracta ni una exageración retórica: ahora es una posibilidad tangible.
La mayor sorpresa de la conferencia, sin embargo, fue la decisión de Donald Trump de marginar a María Corina Machado y anunciar que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela durante un gobierno de transición. Lejos de un respaldo inmediato a la oposición tradicional, Washington optó por un esquema de tutela directa. En ese marco, el secretario de Estado Marco Rubio ya inició contactos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el objetivo de articular una transición “ordenada” tras la captura de Nicolás Maduro.Esta decisión responde a aprendizajes extraídos de intervenciones pasadas, como Afganistán o Irak, donde la eliminación del líder no fue suficiente para estabilizar el país. Cortar la cabeza no garantiza el control del cuerpo. La experiencia demostró que el vacío de poder suele ser el escenario más peligroso y que, en ocasiones, el “mal conocido” resulta preferible a un caos imprevisible. Para la Casa Blanca, el riesgo de que un actor aún más radical que Maduro se haga con el poder, o de que se desate una guerra civil abierta, es un costo que no está dispuesta a asumir. Tampoco parece viable, desde la óptica estadounidense, “imponer” un gobierno títere carente de legitimidad interna, condenado a caer en poco tiempo y a exigir una nueva intervención militar. Si bien este no es estrictamente el caso de Edmundo Urrutia —considerado por amplios sectores como el ganador de las últimas elecciones— ni de María Corina Machado, reconocida como la líder de la oposición unificada, Trump optó por no correr riesgos. Su prioridad no es la épica democrática, sino la estabilidad mínima necesaria para garantizar sus intereses estratégicos.
La apuesta, entonces, es pragmática y calculada: un gobierno chavista de transición que convoque a elecciones, que se desgaste internamente en disputas de poder y que, al mismo tiempo, permita la salida del país de figuras clave del régimen. De este modo, se busca “descomprimir” el escenario político, reducir la capacidad de sabotaje del chavismo duro y evitar que se convierta en un obstáculo insalvable para el próximo gobierno electo. Este esquema también le otorga a Estados Unidos tiempo para observar y evaluar el comportamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas. La transición sirve como un período de reacomodamiento: medir lealtades, detectar fisuras y permitir que los mandos militares se adapten a la nueva realidad. La amenaza de una segunda ola de ataques sigue latente, funcionando como un elemento disciplinador para quienes evalúen resistir el nuevo orden.
No obstante, aunque “devolverle la pelota” al chavismo para observar su reacción puede parecer una jugada táctica acertada, la forma en que se desestimó a María Corina Machado resulta, como mínimo, cuestionable. Trump llegó incluso a afirmar que “no es respetada en Venezuela”, una declaración que muchos interpretaron como una traición abierta a quien fue, durante años, la principal aliada de Washington en la oposición al chavismo. El mensaje fue claro: los vínculos políticos son circunstanciales y subordinados a los intereses estratégicos estadounidenses. De esta manera, Estados Unidos adopta una postura abiertamente paternalista hacia la región y convierte a Venezuela en un protectorado de facto, al menos de forma temporal. La soberanía queda suspendida en nombre del orden y la estabilidad. Resta ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas y si esta transición controlada logra evitar un nuevo ciclo de violencia.
Todo esto deja una conclusión incómoda pero difícil de refutar: el derecho internacional funciona, en la práctica, más como un código de convivencia que como un sistema coercitivo real. Son normas, recomendaciones y principios cuya eficacia depende de quién las incumpla. Cuando las grandes potencias actúan como tales, cualquier marco jurídico queda relegado a un segundo plano, simplemente porque no existe un actor con la capacidad de obligar al hegemón a respetar sus propias reglas.
El precedente, sin embargo, abre interrogantes inquietantes. Si la hegemonía se ejerce sin mediaciones ni consensos internacionales, ¿quién establece los límites? ¿Hasta dónde llega la legitimidad de estas acciones? América Latina queda, una vez más, atrapada entre la necesidad urgente de estabilidad y el peso de una historia en la que la soberanía regional siempre ha sido relativa frente al poder del Norte.
